
La medida, que busca aliviar la carga económica de las familias y combatir la pobreza infantil, se plantea desde el Gobierno como un derecho universal, sin distinciones por nivel de renta.
Todas las familias residentes en España con menores a su cargo podrían acceder a ella tan solo cumpliendo requisitos básicos como la residencia legal en nuestro país y documentación que acredite empadronamiento e hijos a cargo.
Además, será compatible con otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital o la ayuda de la Agencia Tributaria de 100 euros al mes a la madre trabajadora.
A pesar de ello, el Ministerio mantiene su apuesta por que la medida salga adelante dentro del ciclo político actual, siempre que se logren consensos suficientes para su financiación y encaje legislativo.
«Espero que vea la luz cuanto antes porque su impacto será altísimo«, señalaba Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, con gran confianza en su aprobación.
De momento, el avance de esta prestación universal por crianza se interpreta como una declaración de intenciones del Gobierno para reforzar las políticas de apoyo a las familias y poner freno a una realidad que sigue golpeando al país: la elevada tasa de pobreza infantil.