
Cuando se defiende el derecho a la educación, la atención suele centrarse en la financiación o las ratios de alumno por aula, olvidando el principio fundamental de garantizar un aprendizaje sólido. El proceso de consolidar conocimientos exige un esfuerzo cognitivo real mediante el análisis, la práctica, la repetición y la evaluación constante.
El problema se ha agravado en España al intentar frenar las altas tasas de fracaso escolar mediante marcos legislativos —como la implantación de la Lomloe— que facilitan la promoción de curso sin haber adquirido las competencias necesarias en las distintas materias. Al bajar la exigencia para evitar que los estudiantes queden rezagados, se ha generado una percepción generalizada de que el esfuerzo individual no es indispensable, frenando el avance global del alumnado.
Cuando se esperaba que los datos de 2025 superaran la distorsión dejada por la pandemia, la realidad ha demostrado un empeoramiento generalizado. Por un lado, la flexibilización de los criterios de evaluación durante los confinamientos redujo los hábitos de estudio; por otro, la rápida e inconstante digitalización de las aulas introdujo una fuente incesante de distracciones.
Aunque la tecnología es una herramienta formativa útil, su presencia incontrolada ha expuesto a niños y adolescentes a estímulos continuos que dificultan la capacidad de mantener una atención sostenida en tareas complejas. Esta sobreexposición a las pantallas y redes sociales condiciona el aprendizaje y merma la capacidad de concentración ante actividades que no generan recompensas inmediatas.
Una vez que las herramientas de inteligencia artificial se incorporan a las rutinas de estudio sin un criterio pedagógico, el impacto en la retención de conocimientos resulta contraproducente. Diversos análisis señalan que los alumnos que recurren a la IA para elaborar tareas cotidianas obtienen buenas calificaciones puntuales pero fracasan en las evaluaciones finales al no haber interiorizado el contenido.
Una muestra de ello ha sido la exclusión de Cataluña en las mediciones internacionales tras detectarse un porcentaje no autorizado de alumnos apartados de la prueba, lo que indica que el cuadro general podría ser incluso más complejo de lo reflejado.
Una vez desglosadas las calificaciones obtenidas en las tres disciplinas evaluadas, la pérdida de puntuación se manifiesta de forma severa en comparación en las ediciones previas:
España obtiene 451 puntos, marcando un descenso de diez puntos respecto al último examen que ya registraba mínimos históricos. Sobre las dificultades de esta generación, Tue Halgreen, analista senior de la OCDE y responsable de la coordinación del estudio PISA, advierte que: «Los alumnos no son capaces de comprender textos largos y hacen una lectura apresurada, es un desafío global».
La nota media nacional cae hasta los 457 puntos, lo que supone un bajón de 16 puntos frente a los registros de 2022.
Únicamente el 5% del alumnado logra situarse en niveles de excelencia, concentrándose la mayor proporción de estos expedientes en Asturias, La Rioja, Castilla y León y la Comunidad de Madrid.
Si examinamos las métricas territoriales, el mapa evidencia marcadas diferencias entre autonomías. En primer lugar, el Principado de Asturias encabeza la lista regional con 471 puntos, seguida de la Comunidad de Madrid (469) y Castilla y León (466). En matemáticas, la Comunidad de Madrid lidera la tabla con 477 puntos, escoltada por Castilla y León (472) y Cantabria (470).
En el ámbito internacional, España queda rezagada en la vertiente científica frente a potencias europeas y globales como Reino Unido (511), Estados Unidos (502), situándose muy lejos de los liderazgos mundiales que ostentan Japón con 538 puntos y Estonia con 527.
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