Daniel Sancho

Los abogados de Daniel Sancho denuncian que un hombre les estafó con un ‘supuesto’ testigo protegido

Se comprometió a ir a declarar al juicio pero finalmente se echó atrás

Ana Más

El caso de Daniel Sancho sigue dando que hablar. En este caso ha sido la defensa del joven, acusado de asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, los que han denunciado haber sido víctimas de una estafa después de que una persona les asegurara que contaba con un testigo protegido importante para la causa.

El despacho de abogados Balfagón-Chippirrás, al que pertenece el abogado Marcos García Montes, que se está encargando de la defensa de Daniel Sancho, ha emitido un comunicado según el cual, «un ciudadano colombiano llamado Alberth Araque Trejo se habría puesto en contacto con el acusado a través de Instagram ofreciéndole un vídeo de Arrieta en «actitud agresiva hacia un menor»«, explican desde noticiasdegipuzkoa.eus.

Además, este hombre aseguró que existía una denuncia presentada en 2017 contra el cirujano por «la comisión del delito de acto sexual abusivo y violento» contra un menor en Colombia, explican desde el mismo medio.


Los abogados de Daniel Sancho emiten un comunicado

Desde el despacho de abogados explican que: «Estimando que la citada denuncia podría ser de interés para la causa seguida en Tailandia contra Daniel Sancho, esta representación solicitó que se acreditara dicha información de manera fehaciente«. Además Araque les puso en contacto con una tercera persona que habría denunciado a Arrieta en 2021 en Venezuela.

El hombre se comprometió a ir a Tailandia como testigo protegido para testificar en el juicio, pero finalmente, a pesar de que el despacho de abogados corrió con todos los gastos del viaje, además de transferirle 800 euros para costear la «remisión de documentación relativa a las denuncias ante un funcionario público o la autoridad competente para legalizar las mismas, con el fin de ser aportadas como pruebas en el juicio», finalmente no acudió al mismo.

«En ese importe estaban recogidos los gastos previsibles de legalización de la denuncia, más los gastos de desplazamiento desde la localidad de Santiago de Tolú, lugar de trabajo del entonces menor, a Cali, donde residía la madre, depositaria de la denuncia, así como la vuelta», explican desde el mismo medio.

Sin embargo, poco después de hacer el pago, Araque comunicó a los abogados que la madre del menor no quería entregarles la denuncia, entonces el despacho pidió que se les devolviera el dinero no empleado. Lejos de devolverles nada, Araque les amenazó con pasar la información a los medios de comunicación si no le daban más dinero.

El despacho ha explicado que hicieron los pagos para  conseguir «la viabilidad de estas pruebas dentro del derecho de defensa» y que se reserva el derecho a emprender «acciones legales» contra Araque por los delitos de «apropiación indebida, estada y extorsión«, explican.