La Unión Europea ha aprobado un conjunto de normativas destinadas a modernizar el mercado de dispositivos electrónicos, entre las que destacan los nuevos requisitos aplicables a la venta de teléfonos móviles y la implantación de un cargador único para ordenadores portátiles.
Después de poner en marcha una serie de medidas que obligan a los teléfonos móviles a tener baterías extraíbles a partir de 2027, la UE ha impulsado una norma que sitúa a estos dispositivos en el centro del cambio, al establecer que deberán ser más baratos y fáciles de reparar. Un requisito que facilitará la vida a quienes se gastan gran parte de su dinero en arreglar sus móviles o, en algunos casos, prefieren comprar uno completamente nuevo.
Asimismo, esta medida se presenta como una forma de «reducir la enorme montaña de desechos electrónicos que se acumulan cada año en el continente». En este sentido, forma parte de una estrategia más amplia destinada a disminuir el impacto ambiental de los productos manufacturados, apostando por alargar su vida útil y mejorar su eficiencia energética.
En otras palabras, se obliga a los fabricantes a garantizar la disponibilidad de repuestos durante un mínimo de diez años. A partir de ese momento, y con el fin de asegurar su reciclaje, los dispositivos deberán incorporar manuales de reparación y estar diseñados para poder desmontarse con herramientas comunes cuando ya no sea posible repararlos.
Este mes de julio comienza a aplicarse el «Derecho a Reparar», una directiva que España incorpora mediante el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible y que pretende transformar de forma significativa nuestra relación diaria con la tecnología.
Además, a finales de este mes también se materializará la fase final de la directiva europea sobre cargadores universales. Desde ese momento, todos los ordenadores portátiles comercializados en la Unión Europea deberán incorporar un puerto USB-C.
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