
El Sindicato de Inquilinas confirmó el fallecimiento de la mujer, que había establecido su residencia en la vivienda en 1956 junto a sus progenitores y su hermano. Tras el fallecimiento de su padre en 1960 y de su madre en 2005 en esa misma casa, Maricarmen continuó viviendo allí, abonando puntualmente un alquiler de renta antigua. Percibía una pensión cercana a los 1.400 euros y afrontaba unos gastos del inmueble de 500 euros al mes; sin embargo, en 2020 se inició la disputa legal impulsada por la propiedad que culminó con su salida el pasado mes de septiembre.
Sin hijos ni pareja, y tras el fallecimiento de sus familiares directos, la red familiar más cercana de Maricarmen se reducía a su primo Vicente y a la esposa de este. Ambos residen fuera de la capital en un piso de 58 metros cuadrados, lo que complicaba la acogida de la anciana, quien utilizaba silla de ruedas y requería cuidados cotidianos. Pese a las limitaciones de espacio, el matrimonio contempló cederle su propia cama y dormir en el sofá para poder atenderla.
Vicente se convirtió en su principal apoyo durante el lanzamiento y su posterior internamiento médico, ejerciendo como portavoz de la difícil tesitura en la que se encontraba la mujer. Durante los momentos previos al desalojo, declaró ante los medios el impacto del litigio en la salud de la anciana: «El proceso ha sido duro también desde el punto de vista físico».
Asimismo, hizo hincapié en la desprotección que afrontaba tras ser despojada de su hogar: «La única familia que tiene cercana somos nosotros, y vivimos en un apartamento de 58 metros cuadrados fuera de Madrid». El día en que se ejecutó el lanzamiento, solicitó la intervención de los servicios sanitarios para efectuar el traslado, manifestando: «No es una delincuente».
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