Este año se amplían las ayudas económicas y permisos laborales retribuidos que los padres podrán solicitar este nuevo curso escolar. Algo que sucede gracias al Real Decreto Ley 5/2023, aprobado el pasado mes de junio por el Ministerio de Derechos Sociales, que ha añadido en el mismo nuevos permisos para ayudar a la conciliación laboral.
El permiso ‘por causa de fuerza mayor’, que se puede distribuir por horas y puede ser de hasta cuatro días al año retribuidos, además de «la baja laboral de cinco días, que se podrá usar en caso de accidente o enfermedad grave», explican desde 20Minutos. También se amplía la baja por maternidad/paternidad retribuida a 16 semanas a cada progenitor y dos más por cada hijo nacido después del primero.
El mes pasado el Ministerio publicaba en su web una Guía de ayudas sociales y permisos para las familias. Una edición actualizada para este año en el que se recogen las principales ayudas en lo que se refiere a empleo, seguridad social, educación y vivienda entre otros ámbitos y en la que se incluyen las modificaciones aprobadas el año anterior con el fin de facilitar la conciliación.
Entre otras la guía recoge la implementación del Ingreso Mínimo Vital, «una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y
exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas», explican. Para solicitarla los requisitos son tener entre 23 y 65 años y presentar pruebas que avalen la carencia de rentas.
Además de un ‘Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI)’, que se complementa este año con la ampliación de los supuestos que dan derecho a la deducción por maternidad de 100 euros al mes en el IRPF por cada hija o hijo menor de 3 años.
Además se incluye la mejora de los permisos «vinculados a motivos de conciliación laboral y familiar, con, entre otros, un nuevo permiso parental de ocho semanas hasta los 8 años de edad del hijo o hija, así como la flexibilización de las condiciones para proteger económicamente el cuidado no profesional en el entorno familiar de personas en situación de dependencia, con nuevas cuantías mínimas y máximas según el grado reconocido», matizan.
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