El Parlamento europeo ha dado luz verde este pasado martes 14 de febrero a la legislación que pone fecha de caducidad a los coches de combustión. A partir de 20235 estará prohibida su venta, lo que implica que para entonces todos los vehículos y furgonetas nuevas matriculadas en Europa serán de emisión cero.
Además, la regulación ha fijado dos plazos para reducir las emisiones de los vehículos particulares:
Reducir el C02 hasta al 55% en los automóviles nuevos y al 50% en las furgonetas nuevas de aquí hasta el 2030.
La prohibición total de movilidad para los vehículos de combustión en 2035.
De esta forma, se brinda a la industria una margen de maniobra lo suficientemente espaciado como para adaptarse a la nueva legislación. A su vez, para el año 2025, la Comisión Europea se encargará de evaluar y anunciar los datos de emisiones de CO2 durante el ciclo de vida de los mismos expedidos por UE y así, asegurarse de que lograrán las premisas para 2030.
De hecho, la institución europea elaborará cada dos años un informe que refleje el progreso que llevan los Veintisiete para llegar al tan ansiado objetivo de la movilidad de los automóviles con bajas emisiones.
Los Veintisiete pactaron esta medida en la Eurocámara el pasado mes de octubre, pero todavía estaba pendiente de aprobación en el plenario antes de que finalmente entrase en vigor. La aprobación definitiva tendrá lugar el próximo mes de marzo cuando el Consejo Europeo lo incluya en el Diario Oficial de la UE.
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Ayudas para los fabricantes de coches
El organismo prevé suministrar una serie de incentivos a los fabricantes que produzcan vehículos de emisión cero (eléctricos o híbridos enchufables) según los baremos de venta de los mismos. Además, durante esta etapa, y en función de los ingresos, podrán fabricar con estos incentivos hasta 25% de vehículos y un 27% de furgonetas de baja emisión. Estas ayudas desaparecerán a partir de 2030.
Por lo que esta legislación que entrará en vigor definitivamente en el mes de marzo obliga a los fabricantes de coches a recortar las emisiones del CO2 en los automóviles nuevos, lo cual imposibilitará vender coches con motores diésel y gasolina en el conjunto de los Veintisiete.
Se trata de un paso más para combatir el cambio climático. De hecho, esta legislación pretende acelerar el cambio a los coches de baja emisión dando un margen a los fabricantes de coches y a los consumidores para preparar sus bolsillos y hacer balance antes de invertir.
