Los despidos pueden salirles más caros a las empresas. Lo ha adelantado el diario El País, «el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), organismo dependiente del Consejo de Europa, ha resuelto que la indemnización por despidos improcedentes en España, que fija un tope de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, no cumple con lo establecido en la Carta Social Europea».
Y es que a pesar de que PSOE y Sumar prometieron en su programa «establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea«, según el CEDS el Gobierno de coalición no ha cumplido con el texto.
Para entender la situación hemos de remontarnos a mayo de 2022, entonces el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) presentó un recurso ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el coste del despido improcedente en nuestro país, al considerar que este no se ajustaba a la Carta Social Europea, ya que se trataba de indemnizaciones insuficientes para ‘resarcir el daño causado al empleado’, sobre todo si se terminaba la relación laboral por causas que nada tenían que ver con el desempeño del trabajador.
Ahora, el CEDS, que es la institución que interpreta la Carta, le ha dado la razón a UGT. «Aunque las decisiones de este comité no son vinculantes, la resolución es relevante dado que el Gobierno mostró su intención de cumplir con este objetivo en su programa. Sumar se ha mostrado a favor de realizar una reforma en varias ocasiones», explican desde Público.
Este fallo da aire a la voluntad de Yolanda Díaz, la ministra de trabajo, frente al ala socialista del Gobierno para modificar las reglas sobre las indemnizaciones por despido improcedente, explican desde El Debate, desde donde añaden que en enero de este año Díaz se comprometió a reformar el despido para que se adecue a la Carta Social Europea, «que este sea «disuasorio» para la empresa y que no se puede «despedir sin causa» al empleado». Un marco en el que también se incluye la reforma del cese del despido automático ante la oficialización de determinadas invalideces.
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